El diputado de IU, Gaspar Llamazares ha presentado en el Congreso preguntas a propuesta de la Plataforma en Defensa del Tajo y del Alberche
En Izquierda Unida seguimos mantenemos la preocupación ante la elaboración del Plan de Cuenca del Tajo y hemos registrado en el Congreso de los Diputados diez preguntas dirigidas al Gobierno central en las que abordan diferentes cuestiones relacionadas con este asunto que sigue paralizado y con un tremendo retraso en su tramitación y nula participación pública.
En otra pregunta interrogamos por la posibilidad de que se ejecute un trasvase desde el Tajo Medio en Extremadura y si se ha realizado o está realizando algún tipo de estudios sobre el mismo y su factibilidad.
Además se pregunta qué regímenes de caudales tiene pensado establecer el Estado en el nuevo Plan de Cuenca del Tajo, en el propio río y a su paso por las ciudades de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Y si seguirá manteniendo en Aranjuez los caudales fijados por la Ley franquista del Trasvase de 1971, “que reducen de facto el caudal del río al 15% del que debería circular por esta ciudad”.
En otra de las preguntas registradas se dice literalmente: ¿Qué reservas plantea fijar el Estado en el nuevo Plan de Cuenca para evitar que el Tajo se quede sin caudal en el periodo junio-septiembre entre los embalses de Castrejón y Azután, y a su paso por la mayor ciudad de la Península a orillas del Tajo, Talavera de la Reina? Y se demanda la cuantificación de las reservas y régimen de desembalse de las mismas desde los embalses de regulación de Entrepeñas y Buendía.
Preguntamos al Gobierno si tiene previsto revisar las curvas de explotación de los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía), a tenor de la actual Regla de Explotación con carta de naturaleza en el vigente Plan de Cuenca. Y si es así, ¿en qué cifra cuantifica el Estado la reserva mínima de Entrepeñas y Buendía?
Otras preguntas se preocupan por el abastecimiento a la comunidad de Madrid; la manera y el plazo para compensar España a Portugal por el incumplimiento de regímenes de caudales estipulados por el Convenio de Albufeira, durante el año hidrológico 2008/09; o por qué mecanismos va a introducir el gobierno de España “para evitar en el futuro una gestión del Tajo inferior enfocada exclusivamente a la producción hidroeléctrica, que ignora los componentes ambientales de los regímenes de caudales, fijados bilateralmente entre España y Portugal”.
Por último se pide al Gobierno que valore la creciente preocupación y hastío resultantes por la gestión del Tajo, que tiene su expresión en la organización coordinada de ciudadanos de España y Portugal. Y si es consciente el ejecutivo de Zapatero “que la gestión del Tajo está siendo fuertemente criticada a ambos lados de la frontera, y que se está abriendo un profundo y argumentado conflicto internacional, que puede traer graves consecuencias para el propio Estado y la credibilidad de sus políticas ambientales, tanto de protección de los ecosistemas a los que está obligado por diversas Directivas, como a la producción de energías con marchamo ecológico”.
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