"Sólo se sale de una crisis de manera rápida y con pocos daños si se trabaja más y se gana menos".
Angel Nicolás, presidente de los empresarios de C-LM (27/09/2009)

miércoles, 22 de abril de 2009

El agua: Vida y futuro, por la defensa de nuestros ríos


La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) presidida por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) autorizó un nuevo trasvase de 109,1 hm3 en el trimestre de abril-mayo-junio. De ellos, 26,6 hm3 irán destinados a los municipios de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 2,5 hm3 irán a municipios almerienses, 60 hm3 a zonas regables del ATS y los últimos 20 hm3 al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que si sucede al igual que en el último trasvase, apenas percibirán el 15%, “perdiéndose" el resto en filtraciones en el cauce seco y es un parche a la endémica problemática del humedal de las Tablas.
Esta nueva derivación de agua para regadío que rechazamos, es una mala noticia que demuestra que todo sigue igual, a pesar de que los partidos mayoritarios (PSOE y PP) siguen acusándose mutuamente de tener la culpa de que el trasvase Tajo-Segura siga en vigor…
Y de presenciar cómo murcianos y valencianos están a la gresca por el intento de los últimos de desalojar a los otros de los órganos de gobierno de la cuenca del Jucar, -“somos primos, pero no hermanos”-, ha afirmado el consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

Mientras tanto el Gobierno de Castilla la Mancha se queda entretenido con el "caramelo" de los 20 hm3 destinados a la cuenca del Guadiana y apenas balbucea una leve crítica a esta medida, y la que hace, la efectúa con el único objetivo de acallar las cada vez más frecuentes voces discordantes y desviar la atención de la elaboración de un documento clave para el futuro como es el Plan de Cuenca.
En estas circunstancias, la tabla reivindicativa elaborada por la Plataforma en Defensa del Tajo y el Alberche en defensa de nuestros ríos como fuentes de vida y de futuro, y la convocatoria de manifestación para el próximo 20 de Junio en Talavera, adquieren una relevancia significativa y muestran, entre otras cosas, que el derecho sobre el agua de los ríos, su limpieza, el mantenimiento de un caudal ecológico imprescindible para la existencia de vida en el cauce y su entorno, la satisfacción de las necesidades de la población, etc., deben ser contempladas en un documento que vele por ellos, es decir, en un Plan de la Cuenca del Tajo.
Por ello y a tenor de las Recomendaciones y Directivas Europeas seguimos manifestando nuestra oposición a este y a cualquier trasvase entre cuencas, que como los años han demostrado, solo sirven para despojar de recursos a unos y alimentar, a su costa, la demencial e insostenible espiral especulativa de otros.





jueves, 16 de abril de 2009

Bernuy (Toledo) 18 de abril de 2009. Celebración aniversario II República

Celebración Aniversario II República
Bernuy (Toledo), 18 de abril 2009


13´00 horas: Charla “El legado de la II República”, a cargo de D. Felipe Centelles, profesor de Sociología de la UCLM

15´00 horas: Degustación de Cocido republicano, gazpacho y limoná

19´00 horas: Actuación poético-musical a cargo de la Asociación La Vida Rima

Durante todo el día exposición fotográfica sobre Federico García Lorca

martes, 14 de abril de 2009

Perseguir el fraude en la vivienda protegida


La vivienda con algún régimen de protección pública se destina a adjudicatarios que precisan vivienda porque no la tienen y por eso debe ser “residencia habitual y permanente” según señala la norma. Tiene un precio inferior al de mercado, variando su precio en función del tipo y de los metros, porque se ha subvencionado al promotor y/o al adjudicatario de distintas formas: ayudas directas e indirectas, se dan subvenciones a los adjudicatarios o se facilita el acceso a préstamos en condiciones ventajosas.

Dado que existe un gran “esfuerzo social” para ofrecer este tipo de viviendas, de ahí deriva la normativa que, al menos teóricamente, restringe la segunda transmisión de una vivienda protegida sin haber sido descalificada y antes de finalizar el plazo de vigencia de la protección, o que prohíbe la cesión a quienes no son sus adjudicatarios y el arriendo de viviendas protegidas o penaliza que una vivienda protegida esté vacía.

Sin embargo observamos una enorme tolerancia desde la Junta de Comunidades, que es la competente en este aspecto, e incluso una “justificación” la opinión pública hacia estos comportamientos, que son claramente perjudiciales para el conjunto de la sociedad y en especial para quienes no pueden acceder a una vivienda. Quizá una primera tarea sería concienciar sobre estos perjuicios y reclamar la colaboración ciudadana para combatirlos.

Debería existir una normativa sancionadora más eficaz en la Comunidad Autónoma que persiga el fraude y un servicio de inspección eficaz para evitar irregularidades que benefician a unos pocos y defraudan a la sociedad. Visitas periódicas, comprobaciones de presencia de los legítimos adjudicatarios, recabar denuncias, requerir la presentación de pruebas (tales como recibos de suministros que sirvan para determinar si una vivienda está ocupada y por quién) son mecanismos que se están utilizando en otras comunidades y que permiten sancionar e incluso recuperar viviendas para asignarlas a nuevos adjudicatarios.

Además se debería establecer una colaboración con Notarios y Registradores, así como con las promotoras públicas, para detectar posibles fraudes.

El ejercicio del derecho preferente de tanteo y retracto es un mecanismo que puede servir para evitar la especulación con la vivienda protegida y garantizar que siempre estén en manos de personas que reúnan los requisitos que se exigen a los primeros adquirientes. La idea es que si el adjudicatario quiere vender una vivienda protegida, primero que no se pueda hacer libremente sino de forma excepcional razonada y después que se venda por un precio que no supere al precio máximo legal del tipo de vivienda de que se trate y que quien la adquiera tenga las mismas condiciones que quien la compró. Por eso, cuando se obtiene autorización de la Junta para vender (lo cual debería ser una excepción, como queda dicho), ésta lo podría comprar a ese precio y adjudicarla en esas condiciones a un demandante inscrito en el Registro de Demandantes. Si no se comunicase la intención de vender y se produjese la venta, la Junta podría ejercer el retracto, o sea retrotraer la venta y adquirirla al precio de módulo.

Por otra parte la Junta de Comunidades tiene en su mano evitar el fenómeno del pago de sobreprecio en dinero negro si fiscalizase la compraventa de viviendas protegidas entre promotor y adjudicatario. Esta fiscalización está justificada por existir apoyo público en la promoción y por razones fiscales y no se comprende por qué no se ejerce.

Además, dado que existen tristes experiencias recientes en nuestra ciudad, vemos necesario un mayor control por parte de la Junta de Comunidades de los promotores de vivienda protegida (incluidas cooperativas auspiciadas desde promotoras o constructoras) que acceden al suelo público y por ello habría que tutelar o al menos vigilar. Se debe garantizar que se cumplen los plazos de ejecución, que se revierte el suelo cuando no se construye, que los precios son los legales, que no hay modificaciones sobre la marcha que supongan un sobreprecio, etc. No es comprensible que la Junta se desentienda de estas situaciones que no sólo perjudican puntualmente a los afectados sino que desprestigian el cooperativismo y en general la promoción de vivienda protegida.

Aurelio San Emeterio, Concejal vivienda IU Ayto. de Toledo