Barreda se somete a los intereses de los promotores inmobiliarios

La modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha –LOTAU-, aprobada en las Cortes Regionales demuestra que el Gobierno regional legisla en materia urbanística primando los intereses de determinados promotores inmobiliarios

Tras la reforma de la Ley nacional en 2007 era necesaria y obligatoria la modificación y adaptación de la LOTAU en Castilla-La Mancha a ella. El Gobierno regional ha aprovechado la ocasión para introducir modificaciones que paradójicamente no atienden a criterios de mejora social, sino que están supeditadas a intereses de promotores inmobiliarios.

Una vez más y como ya ocurriera en anteriores ordenaciones del territorio y de la actividad urbanística, el Gobierno de Castilla-La Mancha legisla teniendo en cuenta exclusivamente determinados y específicos intereses urbanísticos de unos pocos promotores y empresarios del ladrillo, que pesan más que el derecho a una vivienda digna a precio asequible, así como al derecho al desarrollo social y sostenible de nuestra región.

Prueba de ello es el hecho de que en una anterior reforma de la LOTAU se eximió a los promotores urbanísticos de construir viviendas protegidas (VPO) en municipios menores de 10.000 habitantes, que son en Castilla-La Mancha la gran mayoría -casi 900-, lo que supuso inyectar grandes ganancias a determinados promotores inmobiliarios que no tenían que construir ninguna vivienda de protección oficial y, a su vez, endeudar hasta las cejas a miles de ciudadanos que se veían obligados a hipotecarse de por vida ante la ausencia de VPO. Botón de muestra de ello es el del “Pocero” de Seseña que sacó adelante un PAU que pretendía construir más de 13.500 viviendas, ni una sola de protección oficial.

Con actuaciones de este tipo el Gobierno regional demuestra que ni sabe, ni quiere sacar adelante políticas de urbanismo y vivienda en las que primen los intereses de la ciudadanía y no los de unos pocos negociantes. Los proyectos urbanísticos deben adaptarse a la ley y no al contrario, como ha sucedido con los terrenos del Aeropuerto de Ciudad Real.