La nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) supondrá el desmantelamiento del sector agrario y perjudicará a las pequeñas y medianas explotaciones

Izquierda Unida reivindica una PAC justa, solidaria y sostenible

El acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea de reforma de la PAC, el denominado “chequeo médico”, supondrá el desmantelamiento del sector agrario, ya que entre otras medidas, la nueva reforma, consolida los pagos desacoplados (ayudas que se cobran en forma de derechos, exista o no actividad productiva).

Esta nueva vuelta de tuerca apretada por Bruselas es un paso neoliberal más en el desmantelamiento de las políticas e intervenciones públicas de apoyo a la actividad agropecuaria comunitaria.

El desacoplamiento total de las ayudas agudizará aún más el proceso de huída humana, ruina económica y desaparición de la actividad agraria que se está viviendo de forma dramática en amplias zonas del medio rural, y el abandono de muchas hectáreas de cultivo ya que al desvincularse las ayudas de la producción, se desincentiva ésta. Esta nefasta PAC aparte de ser una profunda contradicción, nace en momentos en los que la comunidad internacional debe hacer frente a una galopante crisis alimentaria mundial y a la necesidad del aumento de producción, no de su recorte.

Para Izquierda Unida este nuevo acuerdo de los burócratas comunitarios que ha contado con el apoyo del gobierno del Sr. Zapatero es inaceptable porque va en contra de la gran mayoría de los productores españoles, injustificable para los ciudadanos y contribuyentes, perjudicando principalmente a las pequeñas y medias explotaciones de Castilla-La Mancha y del resto del país.

Izquierda Unida se opone rotundamente a esta nueva decisión de Bruselas y aboga por una política agraria legítima, justa, solidaria y sostenible. Una política agraria que garantice los siguientes objetivos: la soberanía alimentaria, la preferencia comunitaria, el mantenimiento de las explotaciones, el relevo generacional e instalación de nuevos profesionales, la renta de los productores y el mantenimiento de la actividad agropecuaria como actividad económica y social principal de la mayor parte de los pueblos de Castilla-La Mancha, que no pueden renunciar a esta actividad generadora de industria, empleo y fijadora población en el medio rural.