Texto de la moción que Izquierda Unida presenta al Pleno del Ayuntamiento a celebrar en el presente mes de noviembre
MOCION
Exposición de motivos.
Desde hace más de 30 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, medida que lejos de alcanzarse se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo.
Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación municipal, y siempre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.
No solamente han sido los ayuntamientos, sino también los partidos políticos, el Congreso y el Senado -cámaras de representación de la soberanía popular-, quienes en reiteradísimas ocasiones han aprobado a lo largo de los años numerosas mociones y proposiciones instando al gobierno de turno a que resolviera el problema de financiación deficitaria de los ayuntamientos de nuestro país.
Mas aun, todos los Presidentes de Gobierno, en las reuniones mantenidas con los representantes de los ayuntamientos se han comprometido a abordar sin dilación el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Durante 30 años se ha reconocido la justeza de la reivindicación municipal, se han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un modo flagrante por los sucesivos gobiernos.
En estos años, lejos de avanzar en la mejora de la financiación, se han producido decisiones y hechos que han agravado la situación hasta límites insostenibles. Los ayuntamientos, ante la dejadez de otras administraciones, han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con recursos municipales que deberían ser financiadas por otras administraciones. Si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta, un modelo desigual, confuso y parcial o, por ejemplo, decisiones como la retirada del Impuesto de Actividades Económicas sin la compensación oportuna por parte del Estado y la creciente demanda social de servicios, podemos concluir que se ha llegado a una situación inadmisible.
Así lo entendió la Asamblea celebrada el pasado año por la FEMP, que centró buena parte de su debate y resoluciones en la necesidad de abordar sin mas demora este reto, exigiendo al Gobierno de la nación y también a los gobiernos autónomos que asumieran sus responsabilidades y que afrontaran junto a los ayuntamientos un nuevo marco de financiación local que no debe aislarse del debate de financiación autonómica, sino caminar de forma conjunta, y que debe perseguir, desde la corresponsabilidad competencial y financiera, el objetivo de asumir los retos de la ciudadanía para el siglo XXI.
Los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades de España han sido en los últimos 30 años un potente motor de cambio. Además, ahora están llamados a jugar un papel clave en la consecución de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, en el incremento de la cohesión social, en ser espacios de convergencia e integración e instituciones que con rapidez y eficacia dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos, ya que son a ellos a los que acuden estos buscando solución a sus problemas, unas veces competencia municipal, y en la mayor parte de los casos, competencia de otras administraciones. Para cubrir estos objetivos son imprescindibles más recursos.
A pesar de todo esto, de las reclamaciones efectuadas desde la FEMP, de las resoluciones del Congreso y del Senado, de los compromisos de las diferentes fuerzas políticas, la situación de los ayuntamientos es preocupante. Proporcionalmente los ayuntamientos hoy tienen asignaciones de recursos y participación en el gasto público estatal inferiores a los de hace 25 años.
En la actualidad el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, incluye una rebaja de los recursos destinados a los ayuntamientos. Esta delicada propuesta, que de llevarse a cabo sería la primera vez que se produce en la etapa democrática, se enuncia en el marco de un debate sobre la crisis y la necesidad de austeridad en las cuentas publicas, austeridad que por cierto solo se prevé para la administración municipal que está sufriendo de un modo considerable la reducción de sus recursos como consecuencia de la crisis económica y del parón de la construcción.
Desde Izquierda Unida (IU) creemos que hay que mostrar total desacuerdo con esta propuesta por injusta y errónea desde el punto de vista político y social, por suponer un claro incumplimiento de los compromisos electorales del Gobierno y porque se esta pretendiendo que la parte mas frágil de la administración siga asumiendo grandes retos con escasos recursos.
En época de crisis es imprescindible que existan recursos suficientes para paliar las necesidades de las clases populares que son victimas del paro, de las hipotecas, del aumento de los precios de los productos básicos… En tales circunstancias reducir la aportación estatal a los ayuntamientos significa reducir el gasto social y obligar a que sean los de siempre, los más desfavorecidos, quienes paguen la crisis en solitario.
Por todo ello y ante la gravedad de la situación se propone al pleno del Ayuntamiento adopte los siguientes acuerdos:
1º Exigir al Gobierno de España y al Ministerio de Economía y Hacienda que retire la anunciada propuesta de participación de ingresos del Estado para los ayuntamientos por ser insuficiente, comprometiéndose a incrementar esta partida respecto a la aprobada en los presupuestos del 2008 de acuerdo con la FEMP .
2º Exigir al Gobierno de España que garantice un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la inversión local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos, cumpliendo los mandatos realizados por el Congreso y el Senado en resoluciones aprobadas en esta materia.
3º Exigir al Gobierno de España que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local que garantice la de las entidades locales, la igualdad de los municipios y la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos, con independencia del tamaño de los municipios.
4º Exigir al Gobierno de España el reconocimiento de la deuda histórica municipal que se ha ido acumulando a lo largo de los años como consecuencia de la asunción de competencias de otras administraciones con recursos de los propios ayuntamientos y que están cuantificados en cerca de 7.000 millones de euros, estableciendo los mecanismos correspondientes para su compensación.
5º Exigir al Gobierno de España el compromiso para la aprobación, en el presente período parlamentario de sesiones, de una nueva Ley de Gobierno y de financiación local, que con el mas amplio consenso político, establezca el nuevo marco competencial municipal con la financiación adecuada y suficiente.
6º Exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad, con objeto de cumplir el mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales que hoy asumen sin compensación alguna, competencias claramente autonómicas.
7º Apoyar cuantas iniciativas realice la FEMP para conseguir estos objetivos sin excluir las medidas de presión y reivindicativas que se consideren oportunas.
8º Proponer a la FEMP la realización de plenos en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha en la misma fecha para mostrar el desacuerdo con la situación actual, exigiendo un acuerdo de financiación justo y suficiente.
De la presente moción se dará traslado a:
- Presidente del Gobierno de España.
- Ministro de Economía y Hacienda.
- Grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.
- Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y grupos parlamentarios de las Cortes Regionales.
- Asociaciones de Malpica de Tajo.
MOCION
Exposición de motivos.
Desde hace más de 30 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, medida que lejos de alcanzarse se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo.
Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación municipal, y siempre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.
No solamente han sido los ayuntamientos, sino también los partidos políticos, el Congreso y el Senado -cámaras de representación de la soberanía popular-, quienes en reiteradísimas ocasiones han aprobado a lo largo de los años numerosas mociones y proposiciones instando al gobierno de turno a que resolviera el problema de financiación deficitaria de los ayuntamientos de nuestro país.
Mas aun, todos los Presidentes de Gobierno, en las reuniones mantenidas con los representantes de los ayuntamientos se han comprometido a abordar sin dilación el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Durante 30 años se ha reconocido la justeza de la reivindicación municipal, se han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un modo flagrante por los sucesivos gobiernos.
En estos años, lejos de avanzar en la mejora de la financiación, se han producido decisiones y hechos que han agravado la situación hasta límites insostenibles. Los ayuntamientos, ante la dejadez de otras administraciones, han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con recursos municipales que deberían ser financiadas por otras administraciones. Si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta, un modelo desigual, confuso y parcial o, por ejemplo, decisiones como la retirada del Impuesto de Actividades Económicas sin la compensación oportuna por parte del Estado y la creciente demanda social de servicios, podemos concluir que se ha llegado a una situación inadmisible.
Así lo entendió la Asamblea celebrada el pasado año por la FEMP, que centró buena parte de su debate y resoluciones en la necesidad de abordar sin mas demora este reto, exigiendo al Gobierno de la nación y también a los gobiernos autónomos que asumieran sus responsabilidades y que afrontaran junto a los ayuntamientos un nuevo marco de financiación local que no debe aislarse del debate de financiación autonómica, sino caminar de forma conjunta, y que debe perseguir, desde la corresponsabilidad competencial y financiera, el objetivo de asumir los retos de la ciudadanía para el siglo XXI.
Los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades de España han sido en los últimos 30 años un potente motor de cambio. Además, ahora están llamados a jugar un papel clave en la consecución de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, en el incremento de la cohesión social, en ser espacios de convergencia e integración e instituciones que con rapidez y eficacia dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos, ya que son a ellos a los que acuden estos buscando solución a sus problemas, unas veces competencia municipal, y en la mayor parte de los casos, competencia de otras administraciones. Para cubrir estos objetivos son imprescindibles más recursos.
A pesar de todo esto, de las reclamaciones efectuadas desde la FEMP, de las resoluciones del Congreso y del Senado, de los compromisos de las diferentes fuerzas políticas, la situación de los ayuntamientos es preocupante. Proporcionalmente los ayuntamientos hoy tienen asignaciones de recursos y participación en el gasto público estatal inferiores a los de hace 25 años.
En la actualidad el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, incluye una rebaja de los recursos destinados a los ayuntamientos. Esta delicada propuesta, que de llevarse a cabo sería la primera vez que se produce en la etapa democrática, se enuncia en el marco de un debate sobre la crisis y la necesidad de austeridad en las cuentas publicas, austeridad que por cierto solo se prevé para la administración municipal que está sufriendo de un modo considerable la reducción de sus recursos como consecuencia de la crisis económica y del parón de la construcción.
Desde Izquierda Unida (IU) creemos que hay que mostrar total desacuerdo con esta propuesta por injusta y errónea desde el punto de vista político y social, por suponer un claro incumplimiento de los compromisos electorales del Gobierno y porque se esta pretendiendo que la parte mas frágil de la administración siga asumiendo grandes retos con escasos recursos.
En época de crisis es imprescindible que existan recursos suficientes para paliar las necesidades de las clases populares que son victimas del paro, de las hipotecas, del aumento de los precios de los productos básicos… En tales circunstancias reducir la aportación estatal a los ayuntamientos significa reducir el gasto social y obligar a que sean los de siempre, los más desfavorecidos, quienes paguen la crisis en solitario.
Por todo ello y ante la gravedad de la situación se propone al pleno del Ayuntamiento adopte los siguientes acuerdos:
1º Exigir al Gobierno de España y al Ministerio de Economía y Hacienda que retire la anunciada propuesta de participación de ingresos del Estado para los ayuntamientos por ser insuficiente, comprometiéndose a incrementar esta partida respecto a la aprobada en los presupuestos del 2008 de acuerdo con la FEMP .
2º Exigir al Gobierno de España que garantice un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la inversión local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos, cumpliendo los mandatos realizados por el Congreso y el Senado en resoluciones aprobadas en esta materia.
3º Exigir al Gobierno de España que ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local que garantice la de las entidades locales, la igualdad de los municipios y la prestación de servicios básicos de calidad para todos los ciudadanos, con independencia del tamaño de los municipios.
4º Exigir al Gobierno de España el reconocimiento de la deuda histórica municipal que se ha ido acumulando a lo largo de los años como consecuencia de la asunción de competencias de otras administraciones con recursos de los propios ayuntamientos y que están cuantificados en cerca de 7.000 millones de euros, estableciendo los mecanismos correspondientes para su compensación.
5º Exigir al Gobierno de España el compromiso para la aprobación, en el presente período parlamentario de sesiones, de una nueva Ley de Gobierno y de financiación local, que con el mas amplio consenso político, establezca el nuevo marco competencial municipal con la financiación adecuada y suficiente.
6º Exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad, con objeto de cumplir el mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales que hoy asumen sin compensación alguna, competencias claramente autonómicas.
7º Apoyar cuantas iniciativas realice la FEMP para conseguir estos objetivos sin excluir las medidas de presión y reivindicativas que se consideren oportunas.
8º Proponer a la FEMP la realización de plenos en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha en la misma fecha para mostrar el desacuerdo con la situación actual, exigiendo un acuerdo de financiación justo y suficiente.
De la presente moción se dará traslado a:
- Presidente del Gobierno de España.
- Ministro de Economía y Hacienda.
- Grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.
- Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y grupos parlamentarios de las Cortes Regionales.
- Asociaciones de Malpica de Tajo.
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