En los últimos años de conmemoración constitucional venimos asistiendo a actos grandilocuentes de ensalzamiento de la Carta Magna. Para su 32 cumpleaños el Presidente del Congreso ha optado por la presencia de una pequeña representación de “La Roja”, algo poco original pero con incidencia mediática. En esta ocasión nadie acabo en la comisaría, aunque muy distinto hubiera sido si la lectura la hubiera realizado un miembro de una familia desahuciada por no poder pagar la hipoteca de una vivienda sobrevalorada, un parado sin ingresos que va a perder la única prestación que recibe, un defensor de los derechos humanos, un inmigrante, un trabajador despedido por los efectos de la reforma laboral, una mujer que por el hecho serlo debe trabajar lo mismo que un compañero para ganar un 20% menos, un sindicalista, un agricultor que no puede vivir del sudor de su frente, un autónomo o un pensionista de los tantos que viven bajo el umbral de la pobreza.
Aunque cercanos en el tiempo, atrás quedaron los años de debate sobre la necesidad o no de reformar la Constitución, ahora prefieren no meterse en charcos y se quedan con la efeméride. Desde mi absoluto convencimiento republicano considero que la Constitución es susceptible de mejora y debe modificarse para adecuarse a las circunstancias y necesidades de la sociedad cuya convivencia regula. Pero hoy me quedo con la necesidad, más que de modificar la Constitución, de que se cumpla: para que la soberanía nacional resida en el pueblo español y no en los mercados financieros; para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad; para eliminar las discriminaciones por razón de nacimiento raza, sexo, religión u opinión; para cumplir con el deber de trabajar y el derecho al trabajo; para garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral; para garantizar la aconfesionalidad del Estado; para asegurar la protección social, un régimen público de la Seguridad Social y prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad, especialmente en desempleo; para garantizar el derecho a protección de la salud y para que todos los españoles tengan derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El compromiso de los españoles con los derechos sociales que promulga la Carta Magna no se vende, ni se expropia, ni se privatiza para acabar con el déficit.
Los demócratas de este país no entendemos por qué se empeñan en defender la Constitución y a la vez en no aplicarla. Tampoco entendemos el acuerdo vergonzante de los partidos que han gobernado España para que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, votos que valen más que otros. En Castilla-La Mancha, determinados dirigentes del PSOE se empeñan en que seamos la comunidad autónoma con mayor déficit democrático y mantienen una ley electoral inconstitucional que impide que todos los votos de los ciudadanos tengan el mismo valor. El principio constitucional básico llamado pluralismo político y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos no se conocen por estas tierras. Es una auténtica vergüenza que el número de diputados a elegir en las provincias de Castilla-La Mancha se decida a dedo por el Presidente de turno, algo más propio de una república bananeraa.
Daniel Martínez Sáez, Coordinador Regional IU Castilla-La Mancha
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