La manifestación celebrada el pasado sábado en Guadalajara ha sido el reflejo del rechazo contundente de la mayoría de los ciudadanos a la instalación del ATC en Castilla-La Mancha. A la convocatoria de la Plataforma Anticementerio Nuclear de Guadalajara acudimos alrededor de 15.000 personas, principalmente de Guadalajara, pero también del resto de provincias de la región y de otras comunidades autónomas. El rechazo mayoritario y contundente hace imposible, en mi opinión, que el Gobierno de Zapatero se decante por instalar el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha, por tanto vaya por delante mi reconocimiento a la plataforma y a todos aquellos que han apostado por no hipotecar el futuro de nuestra tierra.
Izquierda Unida fue la única formación política que desde un principio se opuso al procedimiento para elegir la ubicación del ATC o cementerio de residuos nucleares y nuestra posición ha sido, es y será, absolutamente contraria a su instalación en Castilla-La Mancha. Pero el debate, los problemas con las nucleares y qué hacer con los residuos altamente contaminantes que generan no acaba aquí, más bien todo lo contrario. Los efectos de los residuos nucleares van más allá de una frontera autonómica, provincial o municipal. De esta forma y valorando la negativa circunstancia, por ejemplo en cuanto a seguridad, que genera la proximidad de un cementerio nuclear, afectaría más a ciertos pueblos de Castilla-La Mancha la ubicación del ATC en Zarra, que en las provincias de Cuenca o Guadalajara. Hay que recordar que Zarra ha sido seleccionada entre los aspirantes por el Ministerio de Industria y es una localidad valenciana casi colindante con la provincia de Albacete de cuya capital dista 80 Km y muy cercana a las localidades de Almansa, Carcelén o Alpera.
La “hoja de ruta” para afrontar la problemática de las centrales nucleares y tanto la energía como los residuos que genera, pasa por dos premisas ineludibles y fundamentales:
1ª. Implementar un plan ordenado de cierre de las centrales nucleares españolas, estableciendo las fechas de cierre en función de su estado funcional y fecha de finalización del permiso de explotación, y destinando los excedentes de explotación generados hasta su cierre a: i) la mejora de la seguridad en la explotación; ii) la dinamización económica del área afectada y iii) el desarrollo de las energías renovables y programas de ahorro y eficiencia energética.
2ª. Supeditar cualquier decisión sobre el almacenamiento de los residuos nucleares a la elaboración e implementación efectiva de este plan de cierre, así como a la búsqueda de un amplio consenso social y político territorial antes de iniciar los trámites, teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas, municipios, expertos científicos y entidades ecologistas. Se debe garantizar el consenso social, ambiental y territorial, en el que se concierte el emplazamiento con las Comunidades Autónomas.
Al calor del debate suscitado en torno a la ubicación del cementerio nuclear y del gran rechazo aglutinado en Castilla-La Mancha, debemos afrontar y lanzar el “no a las centrales nucleares” y por lo que nos toca como ciudadanos de Castilla-La Mancha luchar para que esta región, en un futuro lo más cercano posible, sea territorio desnuclearizado. Con esa perspectiva presentamos en el Congreso una enmienda al nuevo Estatuto de Autonomía que consiste en recoger la garantía de que Castilla-La Mancha sea declarada territorio desnuclearizado. La pelota queda en el tejado de PP y PSOE.
Daniel Martínez Sáez, Cordinador IU CLM
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